Reducción de aportes para sostener el empleo textil mientras desde la Provincia advierten por la caída del mercado

El Gobierno nacional analiza implementar un esquema temporal de reducción de aportes patronales para la industria textil con el objetivo de aliviar costos laborales y sostener el empleo en un sector afectado por la caída del consumo y el aumento de las importaciones. La medida, acordada con cámaras empresarias y sindicatos, tendría una vigencia inicial de tres meses y podría repercutir en provincias con fuerte presencia de la actividad, como Tucumán, donde empresas del rubro advierten sobre una marcada reducción de la producción.

La iniciativa se habría formalizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, conducida por Julio Cordero, con la participación de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria (FAIA), la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (Setia) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva).

Según el entendimiento alcanzado, durante un período de 90 días el 70% de los salarios se abonaría como suma no remunerativa. Este mecanismo reduciría la carga de aportes y contribuciones a la seguridad social sin modificar el ingreso neto de los trabajadores.

De esta manera, las empresas del sector pagarían únicamente el 30% de las contribuciones patronales habituales en los salarios correspondientes a febrero, marzo y abril, que se liquidan entre marzo y mayo. El esquema implica una reducción temporal de los costos laborales y, en paralelo, una menor recaudación para el sistema previsional.

El acuerdo también establece compromisos empresariales vinculados con la preservación del empleo. En ese marco, se ratificó la obligación de no realizar despidos sin causa, suspensiones ni cesantías por razones económicas o de fuerza mayor mientras dure el régimen. La cláusula alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 746/17, 501/07 y 614/10.

La adhesión al programa no sería automática. Cada empresa deberá formalizar su incorporación al sistema. Según fuentes vinculadas a las negociaciones consultadas por el diario La Nación, más de 70 firmas ya se habrían sumado al esquema, que además contempla la posibilidad de extender su vigencia por otros tres meses si las partes lo consideran necesario.

Números preocupantes

Los sindicatos señalaron que el objetivo del entendimiento es “salvaguardar los puestos de trabajo, garantizando que no afectará al salario normal y habitual del trabajador”.

La decisión se da en un contexto complejo para la actividad. En los últimos meses, la cadena textil enfrentó una caída en la demanda interna y un incremento en las importaciones de indumentaria y calzado. De acuerdo con la consultora Analytica, desde noviembre de 2023 los precios de esos productos aumentaron 149,4%, muy por debajo de la inflación general que alcanzó el 259,4%. En términos relativos, el rubro se abarató 30,6% y quedó en su nivel más bajo desde 2016, lo que redujo los márgenes de rentabilidad.

La contracción también se reflejó en el empleo. Un informe de EconViews elaborado con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) señala que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en los sectores de textiles, confecciones, cuero y calzado, lo que representa una caída del 15,1%, la más pronunciada dentro de la industria.

Datos de la Fundación ProTejer indican además que en ese mismo período cerraron 558 establecimientos vinculados a la actividad, lo que equivale a una reducción del 9% del entramado productivo, con especial impacto en las empresas de indumentaria y en el rubro de cuero y calzado.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó en reiteradas oportunidades al sector por los precios de la indumentaria. “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”, afirmó recientemente durante una entrevista.

Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas respondieron a esas críticas y señalaron que la actividad enfrenta problemas derivados de prácticas comerciales irregulares en el comercio exterior. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta. La subfacturación, a partir de la ausencia de valores de referencia, distorsiona los precios del mercado, afecta a quienes compiten desde la formalidad y se refleja en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada menor al 30% en el sector textil”, indicaron en un comunicado.

La entidad también advirtió que el ingreso de productos importados a precios muy inferiores a los habituales en el mercado internacional afecta la competencia. “El problema actual no es la apertura, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal. Más del 70% de las importaciones ingresan a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima”, agregaron.

Impacto en Tucumán

La situación del sector también se refleja en nuestra provincia, donde funciona una de las principales plantas textiles del país. La empresa Santista Argentina, ubicada en Famaillá, emplea actualmente a unas 640 personas y recientemente recibió la prórroga de beneficios impositivos provinciales hasta diciembre de 2026 con el objetivo de sostener la actividad y preservar el empleo.

La decisión fue comunicada tras una reunión entre el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, el presidente de la compañía, Carlos Muia, y el secretario de Producción, Eduardo Castro.

Muia describió la situación productiva de la planta y explicó que la empresa redujo significativamente su nivel de actividad en los últimos meses. “Nosotros teníamos más, habíamos llegado casi a las mil personas en los últimos años. En otro momento donde no estábamos tan golpeados por la importación indiscriminada que ha planteado este Gobierno Nacional. Eso nos llevó a que de 2 millones de metros mensuales pasáramos a 950.000 o un millón de metros mensuales (de tejidos). Se redujo 50% nuestra capacidad productiva”, señaló.

El empresario indicó además que la firma realizó inversiones recientes para modernizar su planta industrial. “Santista en los últimos 5 años invirtió alrededor de 30 millones de dólares. Es decir, tenemos tecnología para competir, pero hoy no encontramos el mercado”, afirmó.

En su análisis, Muia vinculó la caída de la producción tanto a la pérdida de poder adquisitivo como al incremento de las importaciones. “Primero, porque la gente no tiene poder adquisitivo y, segundo, porque, reitero, la importación ha sido indiscriminada”, sostuvo.

El directivo comparó la competencia internacional con un escenario desigual para la industria local. “Pretenden que compitamos y quieren que nosotros salgamos a pelear en un ring de igual a igual con Tyson. La verdad, no creo que le podamos aguantar medio round”, expresó.

Competencia desigual

También cuestionó el impacto de productos provenientes de Asia y de plataformas de comercio electrónico. “En este caso es China, es el sudeste asiático, y son las aplicaciones como Temu y Shein, que no pagan absolutamente nada, pagan solamente el IVA”, afirmó.

En ese marco, el presidente de Santista valoró la decisión del Gobierno provincial de mantener beneficios tributarios vinculados a Ingresos Brutos y Salud Pública. “Habíamos planteado un tema impositivo referido a Ingresos Brutos y ellos tuvieron la deferencia de entender la situación y extender el beneficio hasta diciembre del 2026”, indicó.

Desde la administración provincial señalaron que la medida busca sostener una actividad considerada estratégica para el empleo en el interior tucumano mientras persista la crisis del sector a nivel nacional.